LA DEMOCRACIA ES LAICA O NO ES DEMOCRACIA

Hace unos días, en el centro de la ciudad la Red de Mujeres de Valdivia enarboló un lienzo que decía: "La democracia es laica o no es democracia". Esta frase, sin duda, establece una afirmación que cobra una importancia especial ante los nuevos hechos institucionales que han constatado la carencia de una democracia laica en nuestro sistema político.

No deja de ser reiterada la comprobación en el tiempo de que el sistema político está tutelado por una visión religiosa fuertemente relacionada con el poder político-económico que de modo constante impone sus condicionamientos, cuando no derechamente su visión a rajatablas, más allá del interés superior de la democracia y las formas que hacen posible la calificación de tal a un sistema político que debe estar en verdad basado en el respeto a la pluralidad que compone la nación.

La conducta se ha visto comprobada de forma persistente. Como cuando se planteó la discusión sobre una ley de divorcio, se comprobó cuando se iniciaron las primeras campañas de prevención del sida, se reiteró en el fallo del Tribunal Constitucional sobre la píldora anticonceptiva de emergencia, entre un sinnúmero de actos que señalan una concomitancia activa y permanente de un sesgo valórico y religioso, con personeros de la clase política o las instituciones del Estado, que pretenden y logran imponer sus puntos de vista valóricos basados en aseveraciones religiosas coercitivas, unilaterales y excluyentes. Sus concepciones se han impuesto en la institucionalidad, haciendo ambivaler lo pecaminoso con lo delictivo.

En lo referente a la PAE, es evidente con la burda aseveración de que el embarazo empieza con la fecundación del óvulo. Aseveración legítima de sostener desde el punto de vista particular de la fe, pero inválida para la racionalidad científica internacional, o para quienes no tienen fe, o relativizan su fe ante circunstancias legítimamente humanas, como puede ser evitar un embarazo.

Si consideramos que se ha producido una reacción ciudadana producto de los prejuicios de un grupo de jueces constitucionales, que se dejó llevar por sus convicciones religiosas o por los dictados de sus pastores, haciendo un pronunciamiento que viola los derechos de conciencia de las mujeres que están llamadas a decidir lo que hacen con su sexualidad, lo que viene a ser relevante en esta discusión no es tanto la viabilidad legal de un sistema más de anticoncepción, sino lo sustancial viene a ser el debate en torno al derecho de ejercer la libertad de conciencia y la necesidad de una institucionalidad laica en nuestro sistema político.

Una institucionalidad laica no significa, bajo punto alguno, coartar los derechos religiosos y las libertades que emanan de ese ejercicio. Por el contrario. Hay miles de chilenos que viven su religiosidad con sencillez, con arraigadas convicciones, pero sobre la base del respeto a las otras convicciones que no están en el ámbito de su fe. Ellos no pretenden imponerles sus creencias y valores a los demás. Otros, en tanto, viven su creencia relativizando los predicamentos de sus pastores, porque la vida les ha demostrado que no se puede vivir sino en arreglo con los problemas cotidianos del hombre común, y con las posibilidades que impone la realidad secular. Todas esas personas merecen ser resguardadas en sus derechos.

Esas conductas de personas decentes, comunes y corrientes, no tienen nada que ver con aquellas observadas por específicos grupos de poder confesional, que pretenden imponer sus valores particulares y su comprensión absoluta de la religiosidad, a todos y a cada uno de los chilenos. Son los que imponen a contrapelo sus valores, los que presionan e influyen de manera agobiante a las instituciones del Estado, son los que dominan los grandes negocios, los medios de comunicación, y que proponen una interpretación de la democracia que es funcional a sus creencias e interpretaciones.

Por eso las mujeres de Valdivia que desplegaron la pancarta están apuntando al meollo del asunto que ha causado el TC mediante su discutido fallo. Si no hay una comprensión de que la democracia tiene que estar desprovista de intencionalidad religiosa particular, no tendremos una democracia verdadera. Muchas minorías hoy sienten que sus valores o sus puntos de vista son avasallados, y que las condiciones de tratamiento de parte de las instituciones del Estado no son las mismas que para quienes reclaman su condición de mayoría.

El concepto moderno de la democracia indica que ésta es plena no cuando se imponen las determinaciones de la mayoría, sino cuando el sistema político es capaz de resguardar los derechos de las minorías. La mayoría, por cierto, puede imponer puntos de vista políticos, pero los aspectos valóricos solo son posibles de imponer en la medida de los consensos sociales que logren articularse, lo que para Habermas sería lo racional. No es posible el consenso social cuando, quienes pretenden ser mayoría, no cautelan los valores de quienes son minorías y les impiden el espacio para actuar según sus convicciones.

Frente al debate sobre la PAE, lo que se cuestiona es que una institución del Estado -el TC-, toma una decisión sobre la base de las creencias de los jueces que hacen la mayoría, no sobre la base del respeto de las creencias y convicciones de las personas que no siendo católicas, o siendo católicas entienden a su modo su fe, consideren que el proceso de la vida comienza a partir del momento en que el óvulo se implanta y no antes. Porque dónde comienza la vida es un tema de valores y creencias, y la Constitución no lo establece, y si lo estableciera sería un absurdo que sus redactores no quisieron cometer. Pero no es sólo el TC quien abusa de una posición religiosa particular.

Hay una lista de instituciones del Estado que son utilizadas también como un espacio para imponer determinados valores y creencias. Si son instituciones del Estado destinadas a hacer posible la democracia, ello no debiera ocurrir, porque distorsiona el propósito y fundamento de la institucionalidad democrática: incluir a todos los ciudadanos, sus mayorías y sus minorías.

Los tutelajes sobre la democracia son siempre establecidos por aquellos que no creen en verdad en la democracia. El tutelaje religioso sobre las instituciones y sobre el ejercicio de ellas no hace posible que la democracia sea real e integral. La sociedad chilena hace siglo y medio que viene buscando la separación de la Iglesia y el Estado, a pesar de lo expresado desde 1925 y en muchas declaraciones posteriores. Ello sigue siendo una aspiración que no logra consumarse. Nuestra democracia tampoco logra consumarse, como lo manifiestan las mujeres de Valdivia, quienes nos recuerdan que si la democracia no es laica, no es una democracia plena

Sebastián Jans, Iniciativa Laicista para la Consolidación de la Sociedad Civil